El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, presentó su renuncia el martes 4 de noviembre de 2026, en medio del escándalo por la intervención de Ueno bank. La entidad fue cerrada por problemas de solvencia y dejó a miles de clientes sin acceso a sus cuentas y servicios financieros.
La crisis también amenaza con afectar a instituciones públicas, pensionados, comerciantes y figuras del deporte paraguayo.
Ueno bank cierra sus operaciones por problemas de solvencia
El Banco Central dispuso iniciar un procedimiento de resolución después de detectar que el índice de solvencia de Ueno estaba por debajo del 50% del mínimo requerido.
Según informó EFE, el banco había alcanzado 2,9 millones de clientes en junio de 2026, en un país de 6,1 millones de habitantes. Su crecimiento estuvo impulsado por una estrategia digital que facilitó la bancarización.
Horas después de anunciarse la intervención, Carvallo comunicó su renuncia al Senado. El economista había dirigido Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del organismo emisor en 2023.
Liana Caballero asumió temporalmente la dirección del Banco Central.
Paraguay promete devolver el dinero a los ahorristas
La presidenta interina del BCP, Liana Caballero, confirmó que Ueno dejó de operar. La legislación establece un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos a los clientes.
EFE reportó que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 38 622 dólares por persona. Además, el Banco Central anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes.
La preocupación alcanza a unos 32 000 pensionados y al Instituto de Previsión Social, que mantiene 355 millones de dólares invertidos en la entidad.
La crisis de Ueno bank golpea al comercio y al Gobierno
El cierre también afecta las operaciones comerciales. La Asociación de Importadores y Comerciantes advirtió sobre una posible semiparalización del mercado.
EFE informó que numerosos clientes quedaron sin efectivo y sin acceso a sus tarjetas. Incluso, la empresa estatal de agua Essap garantizó que no suspenderá el servicio por pagos pendientes mediante Ueno.
Mientras tanto, ocho directivos, entre ellos el mayor accionista Miguel Vásquez, se entregaron a la Justicia. El escándalo también provocó cuestionamientos políticos contra el Gobierno de Santiago Peña.
Con información de EFE
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