El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
Una de las causas incluye una ampliación de la denuncia contra Peña, presentada originalmente el 22 de octubre de 2025. Legisladores incorporaron nuevos hechos relacionados con el banco a esa acusación.
La apertura de estas investigaciones no equivale a una imputación formal. Los fiscales deberán analizar las denuncias, reunir elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procesos.
En paralelo, el Senado paraguayo inició el juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones. La crisis también provocó la renuncia de Peña, aunque el Congreso no aceptó su salida de la Presidencia.
La crisis de Ueno Bank desencadenó el proceso político
El escándalo comenzó después de que el Banco Central de Paraguay ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank. La decisión generó preocupación entre millones de clientes que quedaron sin acceso a sus cuentas y ahorros.
La entidad financiera registró problemas de solvencia por debajo del mínimo exigido por la normativa, según los reportes sobre la intervención del organismo regulador.
El caso también puso bajo escrutinio los recursos públicos depositados en el banco. Entre los fondos comprometidos constan recursos vinculados con instituciones estatales y el sistema de pensiones.
Peña mantuvo participación accionaria en el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank hasta marzo de 2025. Los legisladores opositores cuestionan sus vínculos económicos con el conglomerado y posibles conflictos de intereses durante su gestión presidencial.
El Senado tramita el juicio político contra Peña
La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra el presidente y remitió el proceso al Senado, que asumió la función de tribunal político. Los legisladores sostienen que Peña incurrió en un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones.
Entre los señalamientos constan presuntos vínculos económicos con el grupo empresarial, designaciones cuestionadas, cambios en las reglas de inversión y concentración de recursos públicos en la entidad financiera.
Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, en medio del avance del juicio político. Sin embargo, el Congreso no dio curso a su dimisión por falta de cuórum en la sesión convocada para tratarla. Por esa razón, el mandatario permanece formalmente en la Presidencia mientras continúa el proceso.
Durante la jornada del viernes 6 de noviembre, el Senado avanzó con la audiencia y escuchó los argumentos de la defensa del gobernante. Sus abogados cuestionaron el tiempo disponible para preparar la respuesta a los cargos y solicitaron garantías para el debido proceso.
Una eventual destitución podría abrir paso a un proceso penal
La Constitución paraguaya establece que el Senado necesita una mayoría de dos tercios para declarar culpable al presidente en un juicio político. Una eventual destitución tendría consecuencias sobre sus derechos como expresidente.
En Paraguay, los expresidentes pueden acceder a un escaño como senadores vitalicios, con inmunidad parlamentaria. Sin embargo, si el Senado destituye a Peña, perdería esa posibilidad y los fueros asociados a esa condición.
Ese escenario podría facilitar el avance de las investigaciones penales en su contra, sin un procedimiento previo de desafuero por su eventual condición de senador vitalicio.
Por ahora, el proceso político y las investigaciones fiscales siguen caminos distintos. El primero busca determinar la responsabilidad política de Peña; las causas penales deberán establecer si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad por posibles delitos.
