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Andrés Ortiz Herbener: Ordenemos Samborondón | Columnistas | Opinión



La conceptualización antigua más completa sobre el ordenamiento territorial la encontramos quizás en la Carta Europea de Ordenación del Territorio (20 de mayo de 1983), que establece que la ordenación del territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad. Y, además, es una disciplina científica, una técnica administrativa y política, concebida como una aproximación interdisciplinaria, orientada a un desarrollo equilibrado del territorio nacional, cuya expresión política en el Ecuador se manifiesta en la frontera, en las provincias, en los cantones y en el gobierno central.

Pero ¿qué características informan a esta disciplina? Según esta Carta Europea, cuatro: debe ser democrática, garantizar la participación de toda la población y de los representantes políticos a lo largo de todo el proceso; global, considerar factores que puedan influir en la organización del espacio transfronterizo, binacional, regional, provincial, cantonal y de juntas parroquiales; funcional, debe considerar aspectos relacionados con valores, intereses y relaciones, por encima de las barreras administrativas y territoriales; prospectiva, porque debe tratar de adelantarse a los acontecimientos antes de que se produzcan.

Si bien esta Carta y los diferentes desarrollos normativos europeos sirvieron de base para la planificación territorial y urbana en el Ecuador, recién a partir del 2016, año en el que se expidió en el Ecuador la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Lootugs), se definió al ordenamiento territorial como el “proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento territorial constará en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. La planificación del ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno”.

Dicho esto, y a puertas de una elección de nuevos alcaldes, resulta imperativo que quien salga electo alcalde de Samborondón corrija la chapuza jurídico-normativa que existe en las ordenanzas de este cantón. Por ejemplo, me he encontrado con la sorpresa de que en el plan de uso y gestión del suelo del año 2023 existe una zona rural de expansión urbana que establece un tamaño mínimo de lote de 1.000 ha. Por esto y otras razones, la actualización del componente urbanístico y estructurante del plan de ordenamiento territorial de Samborondón es urgente y debe realizarse al inicio del nuevo periodo, como lo dispone el art. 30 de la Lootugs.

Hay mucho trabajo por hacer en Samborondón. La anarquía que se ha vivido en ese municipio en los últimos lustros, en el ámbito territorial y urbanístico (permisos de construcción, urbanizaciones, etc.), seguramente no se ha dado en otros municipios del país. Es el momento de darle la vuelta a este martirio que hemos padecido sus habitantes.

Enorme tarea les corresponde al futuro alcalde y a sus concejales. Y las expectativas de los vecinos, muy altas. Hay que dar un giro de 180 grados al cantón. Es ahora o nunca. (O)



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