Édison Guevara Estrella
El pasado 19 de julio, durante el Cuadragésimo Séptimo Aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el presidente Daniel Ortega, quien lleva 19 años en el poder, declaró que: “en Nicaragua no volverán a haber elecciones”. Evidentemente, tratándose de un régimen autocrático, que anuló por todos los medios a los partidos y lìderes de la oposición para mantenerse en el cargo con procesos eleccionarios amañados, no es un discurso sorpresivo, ni mucho menos, solo que -por primera vez- desnuda de cuerpo entero la cruda realidad que vive esta nación centroamericana.
Pero no solo se trata del fin de las elecciones, sino que en su alocución dijo, sin pelos en la lengua: “Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al gobierno, jamás”, expresiones que se refieren a los gurpos políticos que no están alineados al Socialismo del Siglo XXI. Hasta aquí, insisto, no es novedad, ya que los comicios desarrollados desde 2007, hasta la fecha, incluido aquel en el cual formó binomio con su esposa, Rosario Murillo, cono vicepresidenta y desde 2025 copresidenta de la República, fueron apenas una simulación de democracia.
Lo preocupante está en otro segmento de su discurso, en el cual Daniel Ortega, en un desplante de autoritarismo sin precedentes, anuncia que la Asamblea Nacional trabajará leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán. Se entiende, entre líneas, que no podrán acceder al poder.
En este contexto, a los demócratas por vocación e institucionalistas por convicción la declaración abierta de la dictadura, repito, no nos genera sorpresa, pero sí preocupa a Latinoamérica y a otros países del orbe que un régimen totalitario pretenda utilizar la vía legislativa para sellar definitivamente -en forma indebida- el fin de las elecciones, con normas que proscriban, neutralicen o bloqueen la participación de grupos políticos opositores en Nicaragua.
